En las publicaciones anteriores de nuestra campaña hemos tratado de situar el momento de crisis y ofensiva capitalista desde distintas perspectivas: respecto a nuestras condiciones económicas, en relación al fenómeno de la crisis ecológica o atendiendo a la pauta cultural predominante en nuestro momento. En total sintonía con todos estos factores, en este texto vamos a centrarnos en el correlato político más inmediato de este momento de ofensiva, el cuál hace referencia a la dinámica de reforzamiento autoritario que los estados burgueses están experimentando desde hace un tiempo.

Y es que en el estadio del capitalismo en el que nos encontramos, marcado como sabemos por una profunda crisis de acumulación del capital, a las estructuras encargadas de mantener las condiciones de posibilidad de reproducción del orden capitalista se les presenta cada vez una necesidad mayor de dirigirse contra todo atisbo de organización, expresión o acción independiente del proletariado.

En este sentido, los derechos, las libertades políticas y en general todos los elementos que integran el llamado «Estado de Bienestar» (forma política hasta ahora más capaz de mantener la paz social y reproducir su orden en nuestras sociedades) comienzan a ser puestos en duda, degradados progresivamente o simplemente eliminados. Y de esta forma se consolida un presunto «estado de excepción» que en realidad es la pauta normal de funcionamiento de cualquier estado burgués. Así lo muestra la propia constitución española, que contempla la limitación de ciertos derechos de expresión, circulación o reunión en casos de estado de alarma, excepción o sitio. Y así pudimos verlo bien claro con el COVID-19, un ejercicio de limitación sin precedentes de estas libertades, declarado después inconstitucional, respecto al que no ocurrió nada.

Pues como todas sabemos, estos derechos y libertades políticas están condicionados por la dinámica de acumulación del capital. Así, existen momentos de crecimiento (para el capital) en los cuales hay una mayor riqueza social y capacidad de redistribución, mientras que en las fases decrecientes ocurre el efecto contrario, lo que produce que se universalice e intensifique la precariedad, la pobreza y la miseria. De esta forma, mientras que en las épocas «de crecimiento» este puede hacer más concesiones y estabilizar con mecanismos de integración y cohesión social, en épocas de intensificación de la crisis este necesita, sin embargo, de un aumento del disciplinamiento del proletariado. Es esta la dialéctica cohesión-coerción (o consenso-represión) en la que se mueven todos los estados burgueses, que mantiene presentes ambos elementos en todo momento, sólo que incidiendo de forma distinta en ellos en función de la coyuntura.

Y es en este escenario en el que se inserta, por tanto, el actual aumento de la intervención policial y militar en las calles, la mayor burocratización de la administración pública o las limitaciones a los derechos de reunión y manifestación, entre otros. Pues la crisis de acumulación de capital que atravesamos desde el 2008, con el agravante del episodio de la pandemia, ha conducido especialmente a la juventud a vivir en su propia piel un profundo proceso de proletarización acompañado de una deriva autoritaria del estado que cuenta con múltiples formas de disciplinamiento.

Ofensiva contra la libertad de expresión

La deriva autoritaria del estado, al amparo de la legalidad burguesa, establecida para disminuir la capacidad organizativa del proletariado, se materializa en un margen legal limitativo de los derechos fundamentales. Así, mientras las condiciones económico-sociales empeoran, los derechos políticos van encontrando mayores limitaciones con el fin último de disciplinar a las grandes masas de trabajadores.

Con todo ello, podemos vislumbrar una serie de limitaciones impuestas por el poder político sobre la libertad de expresión, cuyo máximo exponente no es otro que la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, más conocida como «Ley Mordaza».

Bajo la presunta intención de “proteger la seguridad ciudadana” (concepto difuso que en última instancia hace referencia a la seguridad de su paz y su orden social), dicha ley concede mayores instrumentos legales para responder represivamente a los grupos sociales entendidos como potenciales enemigos de la clase dominante. Así pues, se otorga gran discrecionalidad a las autoridades a la hora de realizar actuaciones encaminadas a silenciar y disciplinar a la juventud trabajadora. Ejemplo de ello es la presunción de veracidad de la que gozan los agentes de policía, cuya palabra goza de un valor jurídico mayor que la de un manifestante o un joven cualquiera bajo cualquier situación. Abusos de poder recurrentes son lo que encontramos en cualquiera de nuestros encontronazos con ellos.

Casos muy sonados, que muestran los límites que impone la democracia burguesa a la libertad de expresión, son además los de los raperos Pablo Hasél y Valtònyc; condenados principalmente por delito de injurias a la Corona debido al contenido de sus letras. La limitación a la libertad de expresión supone el primer paso para la supresión del derecho a la protesta.

Ofensiva contra la libertad de organización

Adentrándonos en la libertad de organización, observamos que el Estado burgués recientemente ha fomentado la utilización de una variedad de medidas represivas, al tenor de una mayor pretensión de control social. Así, bajo el argumento de tener controlada a toda organización proletaria que pueda suponer una amenaza (aún siquiera futura) a las bases del orden capitalista, diferentes movimientos populares han sufrido casos de infiltración policial. 

Recientemente han salido así a la luz los casos de infiltración policial en València y Barcelona con Ramón Martínez Hernández, ​​​​Marc y Daniel Hernández Pons, o el de Madrid con Mavi Lopez. Pero estos actos de infiltración no pueden ser entendidos como actuaciones policiales independientes a los intereses del Estado (como un «exceso» de un mando policial demasiado reaccionario o una medida «excepcional» que sólo se produce a veces bajo alguna anomalía), sino que estos son la regla general (encargados, en este caso, por el Ministerio del Interior, lo que ds buena muestra su «función de estado»).

Así, para incidir en estos intereses es necesario conocer lo que el artículo 282 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal enuncia: «La identidad supuesta será otorgada por el Ministerio del Interior […] El agente encubierto estará exento de responsabilidad criminal por aquellas actuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación, siempre que guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma y no constituyan una provocación al delito». Es decir, las propias leyes de la burguesía no solo permiten y otorgan una identidad falsa a estos funcionarios, sino que además eximen de responsabilidad criminal a aquellos que utilizan distintos contextos (ocio, sexoafectividad, etc.) para sacar información a la juventud organizada.

Ofensiva contra la libertad de acción

Pero no sólo contra nuestra libertad de expresión o nuestros derechos de organización, sino que a la hora de tomar nuestros medios de vida, en el momento de actuar, vemos desplegada otra vez a la maquinaria represiva del estado para disciplinar al proletariado. De esta forma, encontramos un gran ejemplo en las limitaciones que encontramos en la toma de los espacios (para vivir, para organizarnos, donde poder crear una alternativa de ocio, etc).

Campañas de criminalización de la ocupación, aumento del gasto en defensa y recursos jurídicos para facilitar y acelerar los desahucios, aumento de las penas por hurtos leves, etc., son muestra de una ofensiva que no para de crecer desde el estallido de la crisis del 2008. Pues todo este despliegue beneficia claramente a la burguesía y permite la dominación general de esta clase, en tanto perpetúa la propiedad privada, la de unos pocos, a costa de la desposesión general de la clase trabajadora. 

La clase trabajadora, sin embargo, como sujeto amplio y diverso, conoce diferentes formas de disciplinamiento que atentan directamente contra su capacidad de tomar sus medios de vida. La administración pública del Estado burgués, puede, no solamente actuar, sino que al no actuar, puede también causar un gran perjuicio. Lo mismo puede desahuciar, como someter al proletariado migrante a un proceso largo y tortuoso para regularizar su situación de indocumentación, de forma que le dificulta aún más su posibilidad de estabilizar sus medios de vida.

A lo largo de este primera y aproximativa parte, hemos tratado de analizar los mecanismos del Estado burgués frente a las libertades políticas. Pero a la hora de tomar nuestros medios de vida nos encontramos no solo con la maquinaria del Estado, sino también con otros agentes que cuentan con el beneplácito del mismo, y que actúan en sentido idéntico. De esta forma, cuando los recursos vigentes del estado encuentran un límite, la seguridad privada, el paramilitarismo o incluso organizaciones fascistas entran en acción. Y es que la defensa de la propiedad privada, de la identidad nacional y de la hegemonía de la violencia hacen el cóctel perfecto para que diferentes grupos de desokupación y acción directa fascista tengan cabida. 

En este sentido, es imprescindible indetificar y señalar a quiénes diseñan y ponen sus recursos en contra del proletariado, sean fondos de inversión, empresas antiocupación, o el propio Estado. Y es que frente a nuestras tareas de recomposición política necesitamos crear y asegurar las condiciones de posibilidad para la acción y organización independiente del proletariado, la toma de nuestros medios de vida.

Es nuestra responsabilidad revertir esta situación. Por ello, frente a la amenaza capitalista y la deriva autoritaria del estado, ​​​​​​​ahora más que nunca es nuestro deber defender nuestros derechos y libertades políticas antes de que su ofensiva limite aún más nuestras capacidades de respuestaNo una defensa acrítica y abstracta del lugar que estos derechos ocupan dentro del marco burgués, sino una una defensa que nos asegure mejorar las condiciones de posibilidad para una política revolucionaria.  Un despliegue que comprende poder expresarnos, organizarnos y actuar ante la crisis que atraviesa nuestra clase. Y por ello, nosotras llamamos a la juventud trabajadora a organizar la alternativa socialista como única solución frente a todos estos ataques a nuestros derechos y libertades.